Con información de Associated Press
El Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de financiación que garantiza recursos para la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), pero deja fuera a las agencias encargadas de la aplicación de las leyes migratorias, lo que mantiene el estancamiento en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En medio de este escenario, el presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva para asegurar el pago de los empleados de la TSA, una medida que busca aliviar las largas filas y retrasos en los principales aeropuertos del país.
“El sistema de transporte aéreo estadounidense ha llegado a su límite”, señaló el mandatario, al justificar la decisión bajo una emergencia que según afirmó compromete la seguridad nacional.
La administración indicó que utilizará fondos vinculados a las operaciones de la TSA para cubrir los pagos, mientras que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, adelantó que los trabajadores comenzarían a recibir sus salarios a partir del lunes.
Medida temporal en medio de un cierre histórico
Aunque la acción podría ofrecer alivio inmediato a millones de viajeros, no resuelve el cierre parcial del DHS, que ya ha generado afectaciones operativas en aeropuertos y dificultades económicas para miles de empleados federales.
El cierre alcanzará los 44 días este domingo, superando el récord anterior de 43 días registrado el año pasado, consolidándose como uno de los más prolongados en la historia reciente de Estados Unidos.
Choque político mantiene el bloqueo
El conflicto se intensificó luego de que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaran propuestas de financiación distintas antes de entrar en receso por dos semanas.
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, criticó con dureza el acuerdo del Senado, calificándolo como “una broma” y acusando a los demócratas de actuar con irresponsabilidad.
Como respuesta, la Cámara aprobó un proyecto alternativo para financiar todo el departamento hasta el 22 de mayo, con una votación de 213 a 203, iniciativa que —según Johnson— cuenta con el respaldo del presidente Trump.
El punto de quiebre: la política migratoria
El principal desacuerdo radica en que el plan del Senado excluye la financiación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.
Los demócratas condicionaron esos recursos a cambios en las políticas de control migratorio, lo que fue rechazado por los republicanos de la Cámara, profundizando así la división política.
