La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, tras una amplia deliberación de los magistrados. El fallo fue comunicado oficialmente desde el Palacio de Justicia Gil Ponce y marca un hito en la relación contractual entre el Estado y el operador portuario.
La decisión guarda relación directa con las demandas de inconstitucionalidad y nulidad presentadas por la Contraloría General de la República contra el Contrato Ley y la prórroga otorgada a PPC durante la pasada administración. Según se informó, la Corte evaluó los argumentos jurídicos y constitucionales antes de emitir el fallo.
Tras conocerse la resolución, Panama Ports Company reaccionó señalando que durante sus 28 años de operación ha invertido más de 1,800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, una cifra que, según la empresa, supera ampliamente la inversión de otros operadores portuarios en el país. PPC destacó que estas inversiones han generado miles de empleos directos e indirectos y han sido clave para consolidar a Panamá como un hub portuario y logístico de referencia mundial.
La empresa sostuvo además que el fallo carece de fundamento jurídico y representa un riesgo no solo para su contrato, sino también para la estabilidad laboral de miles de familias panameñas que dependen directa o indirectamente de la actividad portuaria. Agregó que la decisión es contraria a fallos previos emitidos por la propia Corte Suprema en contratos de naturaleza similar.
Por su parte, el presidente José Raúl Mulino afirmó que los puertos son pilares estratégicos de la economía nacional y subrayó que, hasta que el fallo quede ejecutoriado, se mantendrá la continuidad del actual operador sin cambios operativos. Posteriormente, se iniciará un periodo de transición hasta la adjudicación de una nueva concesión bajo términos favorables para el país.
Mulino informó que designó al asesor presidencial Alberto Alemán Zubieta como coordinador de un equipo técnico interinstitucional para garantizar que el proceso se realice con orden, profesionalismo y claridad. Asimismo, instruyó a la Autoridad Marítima de Panamá a reunirse de inmediato con PPC y adelantó que una subsidiaria local de la empresa danesa AP Moller-Maersk operará los puertos durante la fase de transición, con acompañamiento del Ministerio de Trabajo para asegurar estabilidad laboral.
A nivel internacional, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó en rueda de prensa en Beijing que China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, al referirse directamente al fallo judicial panameño y a sus implicaciones para la empresa involucrada.
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