El sector marítimo panameño está entrando en una nueva etapa de protagonismo global, en medio de tensiones geopolíticas y conflictos comerciales.
Este escenario exige una lectura integral que combine normativa internacional, práctica operativa y capacidad de respuesta institucional, resaltó Edwin Antonio Mendoza Flórez, vicepresidente de la rama de Panamá en el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM), durante la presentación de la directiva que representa al país ante la organización internacional.
Uno de los pilares del sistema panameño es su jurisdicción marítima especializada. Los tribunales marítimos permiten la tramitación de procesos complejos como arrestos de buques, disputas por contratos de fletamento, reclamaciones por bunker y litigios por lesiones personales, en un entorno que integra múltiples jurisdicciones y actores internacionales.
Mendoza destacó las ventajas comparativas del país en la articulación de estos elementos y su potencial para convertirse en un hub de derecho marítimo. “Panamá, por su posición estratégica y su vocación marítima, ofrece una ventaja absoluta: cuenta con instituciones y profesionales que permiten complementar el conocimiento académico del derecho con la realidad operativa. La interacción de actores vinculados a la navegación, los puertos, la logística y las operaciones de carga permiten comprender, de manera integral, el entorno que da vida a un sistema dinámico que genera casos marítimos a diario. Esa conexión entre teoría y práctica fortalece la formación del jurista marítimo y eleva la calidad de las soluciones jurídicas”, explicó.
Añadió que la dinámica normativa impulsada por organismos como la Organización Marítima Internacional (OMI) exige que los profesionales del sector se mantengan al día con los más recientes convenios, enmiendas y directrices, entre muchos otros instrumentos que inciden directamente en la práctica jurídica y operativa.
Directiva panameña para el período 2026-2028
El IIDM es una organización no gubernamental iberoamericana, sin fines de lucro, con sede oficial en Montevideo, Uruguay, que agrupa a profesionales de más de 20 países de América Latina y el Caribe e incluye naciones adscritas como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia.
El organismo promueve la divulgación, unificación y modernización del Derecho Marítimo y funciona como un organismo consultor en temas de navegación y derecho marítimo. El presidente actual es Erick Alejandro Oms, de Argentina.
La rama panameña del IIDM para el período 2026-2028 está conformada por Edwin Mendoza Flórez, como vicepresidente titular; Alejandra Villarreal Arrocha, vicepresidenta alterna; Jennifer Shaleen Tage Salinas, secretaria; Aida García de Diego, secretaria alterna y Remy Carreira-Franceschi, tesorero.
A la presentación de la directiva de Panamá asistieron miembros del Colegio Nacional de Abogados, de la Cámara Marítima, del Colegio Nacional de Gente de Mar (Conajemar), además de otros representantes del gremio y de universidades, quienes contribuirán con el trabajo de la directiva, que estará enfocado en integrar la parte logística con la aplicación del derecho marítimo en el país.
“Vamos a buscar dar a todos los abogados esas bases operativas para poder conocer más de cerca la problemática, para que cuando estemos en un juicio o haciendo un aseguramiento de prueba puedan tener ese conocimiento”, resaltó Mendoza Flórez.
Discovery marítimo en Panamá
Durante la presentación de la rama panameña del IIDM se llevó a cabo el conversatorio “Discovery en el proceso marítimo, ¿qué hacer en casos de embargo y secuestros de buques por procesos judiciales? a cargo del abogado Remy Carrreira-Franceschi.
Los tribunales marítimos panameños utilizan este mecanismo procesal que permite a las partes exigir la exhibición, intercambio y producción de documentos, pruebas y declaraciones. Carreira-Franceschi explicó que el procedimiento de aseguramiento de pruebas, establecido en la Ley Procesal Marítima, ha sido adaptado por el Código de Procedimiento Civil panameño, que fue reformado recientemente.
Se trata de un dispositivo mediante el cual las partes en juicios marítimos tienen la obligación de producir documentos y revelarlos para el beneficio de las partes y de los tribunales. “El ejercicio del aseguramiento de pruebas permite que los jueces tengan posibilidad de mediar las pruebas al igual que las partes y con estos procedimientos lo que se busca es ahorrar tiempos y recursos”, señaló.
