La Fundación Ciencia en Panamá desde hace meses ha seguido los debates en torno a la viabilidad de la minería metálica a cielo abierto en nuestro país y, en particular, a lo relativo a la negociación de un contrato entre el Estado nacional y una corporación minera transnacional que legitimaría y contribuiría a expander una explotación minera de ese tipo en la periferia inmediata del Corredor Biológico del Atlántico Mesoamericano. Integrantes de Ciencia en Panamá han participado en diversos escenarios de dicho debate, desde actividades de divulgación en la prensa y redes sociales, hasta la discusión del contrato en la Asamblea Legislativa, aportando datos y opiniones fundamentadas tanto en la perspectiva de las ciencias naturales, de la salud, de la historia de nuestro país, de los derechos humanos y de las ciencias sociales.
Algunas de las consideraciones que en estos ámbitos hemos expresado con preocupación respecto de la minería a cielo abierto, que afectan el bienestar de las personas, las condensamos a continuación:
• La minería a cielo abierto puede generar una importante contaminación del aire, ya que, en los procesos de detonación, excavación, trituración, almacenamiento y carga de la roca, se generan partículas (en forma de polvo) que, al quedar suspendidas en el aire y contener metales, pueden ocasionar problemas respiratorios severos en las personas.
• La minería a cielo abierto genera gran cantidad de roca de desperdicio, que con frecuencia contiene residuos de metales pesados (cobre, plata, cobalto, cadmio, zinc) que no son extraídos debido a su baja concentración. La lluvia arrastra el material como agua acidificada, contaminando aguas cercanas y subterraneas, agravada por el escaso monitoreo de nuestros recursos hídricos.
• Una vez consumida o utilizada el agua para actividades como la agricultura, generaría un impacto importante en la población con consecuencias neurológicas (cerebro, aprendizaje, conducta), distintos tipos de cáncer, problemas renales (riñón), hepáticos (hígado) y hematológicos (sangre) y podría generar neoplasias, ya que el impacto se ha visto en otros sitios con actividad minera, en los cuales, tras años de culminada la explotación, se encuentran porcentajes elevados de dichos metales pesados en las personas.
• La revisión global de los resultados de estudios eco toxicológicos mediante análisis detallado de los recursos alimentarios utilizados por pueblos indígenas y comunidades locales en zonas mineras, revela una amenaza real a su soberanía alimentaria, por la contaminación del aire, el agua y desde luego la tierra.
• Además del impacto ambiental y toxicológico de la minería, existe el daño a la salud de las y los trabajadores de las minas y las poblaciones cercanas, sobre todo en el caso de los hombres donde se ha revelado que 1 de cada 5 sufren de ansiedad o depresión, presentan disrupción social, y, además, sufren disminución de testosterona e infertilidad, mientras en las mujeres se reportan daños hormonales resultando en un aumento de la tasa de abortos.
• Las minas liberan partículas suspendidas en las comunidades cercanas, hasta de 1.4 veces más que en sitios no mineros. Estas partículas afectan más a los pulmones inmaduros de niñas y niños. Si esto se suma al daño directo de los mineros, más los niños de las comunidades aledañas, estamos condenando a la muerte a miles de personas.
Esos aportes coinciden en que, a los graves problemas ambientales y sanitarios que caracterizan a la minería metálica a cielo abierto, se agregan en este caso los de la creación de un enclave de actividad económica amparado por concesiones lesivas a nuestra soberanía, cuyos beneficios para el país – si los hubiera – no compensarían los graves riesgos a la que dicha actividad expone a todas las personas que habitan el Istmo. A esto se agrega que ese enclave – y otros de su tipo que pudieran generarse en el futuro – agrava la crisis en curso en la organización territorial de la economía y el Estado imperante en el país desde el siglo XVI.
Esa organización corresponde a un modelo de desarrollo centrado en la oferta de servicios logísticos y financieros, al tránsito de mercancías, personas y capitales por el Corredor Interoceánico asociado al Canal de Panamá, y ha contribuido a subordinar el desarrollo del resto del país a los intereses y necesidades de esa actividad, ampliando las brechas de desigualdad social. Hoy, la ampliación del enclave canalero – que ya enfrenta importantes retos sociambientales – con otro de carácter minero constituiría un agravamiento de dicha desigualdad.
El desarrollo humano en Panamá demanda una relación entre la sociedad panameña y su entorno, que haga competitivas ventajas comparativas como la posición geográfica del Istmo, su carácter de puente entre las Américas, su abundancia en agua y biodiversidad, y los servicios que ofrece al comercio mundial de forma sostenible, como lo exigen además los objetivos de desarrollo sostenible, que el país se ha comprometido a alcanzar para el 2030. El aporte de las ciencias al análisis de nuestros problemas y el planteamiento de las soluciones que ellos demandan será fundamental para crear las condiciones que hagan posible esa transformación.
Consideramos que, por los elevados riesgos socioambientales, económicos y al bienestar de las personas, el debate sobre la minería a cielo abierto debe ser amplio, incluyente de las comunidades en todos los niveles; debe señalar los pro y contra de manera transparente y estar basado en la evidencia científica multidisciplinar. De esta manera, la población panameña informada podrá adoptar una decisión de tanta envergadura y riesgos.
