La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró que la colusión entre empresas constituye una de las prácticas más perjudiciales para la libre competencia y para el bienestar de los consumidores.
La colusión ocurre cuando agentes económicos que deberían competir entre sí acuerdan o coordinan sus actuaciones en el mercado para limitar, restringir o falsear la competencia. Estas conductas pueden manifestarse mediante la fijación de precios, el reparto de mercados o clientes, la limitación de la producción o la manipulación de procesos de licitación pública.
Según la Ley 45 de 2007, estas acciones están prohibidas por considerarse prácticas monopolísticas absolutas, debido a que eliminan la rivalidad natural entre competidores y reducen las opciones disponibles para los consumidores.
La Acodeco explicó que la forma más nociva de colusión es la cartelización, que se produce cuando empresas competidoras coordinan variables estratégicas como precios, cantidades, zonas de distribución o condiciones comerciales, afectando el funcionamiento eficiente de los mercados.
La detección de estas prácticas representa un desafío, ya que quienes participan en acuerdos colusorios suelen evitar dejar evidencia directa de sus actuaciones. Por ello, las investigaciones pueden sustentarse tanto en pruebas directas como en indicios y circunstancias que permitan demostrar la existencia de una coordinación anticompetitiva.
Entre los elementos que la Acodeco analiza para identificar posibles casos de colusión figuran el comportamiento de los competidores, la estructura del mercado, la existencia de barreras de entrada, la transparencia de precios y otros factores que puedan facilitar acuerdos restrictivos de la competencia.
La entidad reiteró que los agentes económicos deben tomar sus decisiones comerciales de manera independiente y autónoma, sin coordinar precios, descuentos, cantidades o cualquier otra variable estratégica con sus competidores.
La Acodeco mantiene su compromiso de investigar y sancionar las prácticas que atenten contra la libre competencia, con el propósito de promover mercados más eficientes, proteger a los consumidores y garantizar condiciones equitativas para todos los participantes de la actividad económica. Asimismo, exhorta a la ciudadanía, agentes económicos y entidades públicas a denunciar cualquier indicio de acuerdos entre competidores que puedan afectar la libre competencia, a fin de que la institución realice las investigaciones correspondientes y adopte las medidas que establece la ley.
